miércoles, 14 de noviembre de 2012

PURA ESTADISTICA


Es sorprendente lo que a veces pueden desvelar las estadísticas. Más allá de los fríos números, nos pueden dar a conocer aspectos muy interesantes del mundo que nos rodea, sobretodo cuando se interrelacionan unas cifras con otras que, aisladamente poco o nada nos vienen a decir, si las sabemos conjugar nos pueden dar unos resultados bastante asombrosos y muy clarificadores.

Voy a tratar de exponerlo de la forma más clara posible. Hay datos que por sí solos carecen de mayor relevancia, y me refiero por ejemplo a la población de cada una de las Comunidades Autónomas que conforman España (puede ser un dato curioso, pero en sí mismo carece de mayor trascendencia):


 HABITANTES
ANDALUCIA
        8.284.177  
ARAGON
        1.314.930  
ASTURIAS
        1.052.982  
BALEARES
        1.093.890  
CANARIAS
        2.113.194  
CANTABRIA
           578.902  
CASTILLA LEON
        2.480.349  
CASTILLA LA MANCHA
        2.050.570  
CATALUÑA
        7.320.363  
C. VALENCIANA
        5.011.259  
EXTREMADURA
        1.083.101  
GALICIA
        2.729.599  
MADRID
        6.386.724  
MURCIA
        1.475.724  
NAVARRA
           624.446  
P. VASCO
        2.129.482  
RIOJA
           312.298  
CEUTA
             76.887  
MELILLA
             76.226  
TOTAL ESPAÑA
      46.195.103  
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA A 31/12/2011

Se trata de unos datos que por sí solos nos aportan muy poca información, por lo que si los conjugamos con otros que se refieran a nuestra profesión, podremos alcanzar conclusiones interesantes. Así, y para empezar, las cifras anteriores las podemos acompañar con las referentes a las que cada Comunidad Autónoma destina a sufragar los gastos de Asistencia Jurídica Gratuita según el VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita referido al año 2011. De dicha conjugación se extrae un primer dato interesante, cual es el del gasto que cada Comunidad destina a la AJG por habitante:
Se marcan en rojo aquellas Comunidades Autónomas que destinan un gasto a la AJG por habitante inferior a la media nacional. Primer dato de interés: la Comunidad que menos dinero aporta a la AJG es la de Castilla La Mancha; mientras que la que más Cataluña, aunque muy por detrás de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que casi cuatriplican la media.

Podría pensarse que son las Comunidades con una renta per cápita superior las que menos fondos habrían de destinar al servicio de AJG y a la inversa. Vamos a ver si ello es así:

Pues visto lo visto, esa regla de proporcionalidad únicamente se cumple en la Comunidad de Canarias (a menos renta per cápita mayor gasto por habitante) y en Navarra y La Rioja (a mayor renta per cápita menor gasto por habitante). Las demás van por libre y los casos de Ceuta y Melilla que, por su singularidad, escapan a toda norma.

Podría pensarse que hay Comunidades más litigiosas que otras y que, por tanto, tienen mayor número de solicitantes de AJG que conllevaría un mayor sobreesfuerzo económico que en otras con menos litigantes pobres. Pues también lo podemos ver:

Pues bien, parece que nos podríamos ir acercando al criterio correcto para la asignación presupuestaria, y así vemos como en Comunidades como Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco la asignación económica por expediente de AJG están por encima de la media española, siendo de destacar cómo en País Vasco y Canarias los costes por expediente son significativamente superiores al resto de comunidades y especialmente llamativa la diferencia de la media superior del País Vasco (856’39 € por expediente de AJG), frente a la media resultante en la región de Murcia (186’64 €). Es decir, que como promedio un expediente en el País Vasco conlleva un gasto superior a 4’5 veces al de un expediente de Murcia. Bastante ilustrativa esta comparativa ¿verdad?, o, ya que me coge más a mano, supone que un expediente en Andalucía se paga 3’5 veces menos que en el País Vasco.

Podemos afinar aun mucho más las comparativas, e introducir otra dato que pueda darnos mucho juego, como es el del número de Abogados de Oficio existentes por Comunidades Autónomas, porque podría darse el caso de que los Abogados andaluces cobrasen poco por expediente, pero si tramitan muchos, al final ganasen más que los Abogados vascos. Así que vamos a ver el resultado:
A la vista de todo lo anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1ª.-  Los Abogados que en su cómputo anual menos ganan de los asuntos de AJG son los cántabros (3.490’76 €), frente a los navarros (8.633’09 €) o los canarios (9.208’21 €); y exceptuando Ceuta y Melilla por sus propias peculiaridades. 
2ª.- Las Comunidades que peor retribuyen los expedientes son Melilla y Murcia (180’18 y 186’64 respectivamente) frente a País Vasco y Canarias  (856’39 y 620’46 respectivamente)
3ª.- Los Abogados que más carga de trabajo tienen son los de Baleares y Valencia, con 42 y 36 expedientes anuales (por detrás de Ceuta y Melilla), mientras que los que menos expedientes tramitan son los de País Vasco con tan solo 6 y los de Aragón con 10. La media en toda España está en 22.

 Curioso y cuanto menos indignante que existan diferencias tan acentuadas de una punta a otra de España. Si además me ciño a los datos de Andalucía, las estadísticas arrojan unos resultados realmente preocupantes, ya que siendo la penúltima Comunidad en renta per cápita, lo que la lleva a ser la segunda en mayor número de expedientes de AJG, precisamente por la menor capacidad económica de su población para afrontar los gastos de Abogado y Procurador, y teniendo el mayor número de Abogados de Oficio de España, su gasto en AJG viene a ocupar el tercer lugar tras Cataluña y Madrid y quedando muy por debajo de la media del coste por expediente. Así vemos que un Abogado de oficio andaluz tramita una media de 22 expedientes de AJG  al año, que coincide con la media nacional, percibiendo por ello casi 1.200 € menos de los ingresos medios de cualquier Letrado de España. 

 Para concluir, y por si esto es leído por alguien que esté interesado en iniciarse en esta aventura que es la Abogacía, y más la de Turno de Oficio, que tenga claro que lo mejor es instalarse en el Pais Vasco, ya que allí te turnarán pocos asuntos, lo que te permitirá dedicarte mejor a tus clientes particulares, y se te retribuirán mucho mejor que en el resto de España. Si a ello le unimos que su población es la que mejor renta per cápita dispone de toda España, tienes garantizado que tus clientes particulares te pagarán con menos problemas que en el resto del país.Si te vas a Ceuta o Melilla, ganarás más que en ningún otro sitio de España, pero sólo trabajarás para la AJG, ya que el montante de asuntos que se te encomendarán será tal que te impedirá trabajar a clientes particulares. Ahora bien, si lo que vas a pretender es vivir únicamente de los clientes particulares, con la reciente aprobación de la Ley de Tasas más te valdrá salir de España a otro país en el que no se impongan tantas trabas para el ejercicio de la Abogacía.

martes, 6 de noviembre de 2012

Partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria


Habida cuenta de que ya hacía bastante tiempo que no daba el tostón por estos lares y como terapia para acallar la olla de grillos que resuena en mi cabeza a raíz de los últimos acontecimientos que se suceden en el entorno profesional, tanto a nivel nacional, como regional, como local. Procedo pues.
 
Se viven tiempos convulsivos en el mundo de la Justicia, con un Ministro que se empecina en torpedear el ejercicio de la profesión de Abogado, y ello con la siempre recurrida excusa de evitar el colapso de los Juzgados españoles. Primeramente intentó meter en cintura a la judicatura y fiscales, pero en ese caso pinchó el Ministro en hueso e inmediatamente hubo de recular en su proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial si no quería que el colapso reinante se convirtiera en el gran caos con que amenazaban las principales asociaciones de jueces de todos los signos y colores. Aun así nos encontramos inmersos en una “huelga de celo” que comenzó la semana pasada y cuya incidencia está todavía por ver.

Por nuestra parte, la Abogacía no podía quedar al margen de la oleada de recortes selectivos y a discreción que inunda España, de norte a sur, de este a oeste, de arriba abajo (digo lo de recortes selectivos y a discreción pues los mismos no se aplican de igual forma a todos los sectores y ámbitos de la sociedad española). Así, y ciñéndome a Andalucía y en lo que nuestra profesión se refiere, la tijera entró, como ya se hiciera en otras Comunidades Autónomas, recortando un 10% de las retribuciones de Abogados y Procuradores que prestan la Asistencia Jurídica Gratuita mediante Orden de 17 de Septiembre de 2012. Si ya de por sí las percepciones eran exiguas, la rebaja no hace más que ahondar aun más si cabe la situación de precariedad y miseria en que se está prestando la Asistencia Jurídica Gratuita, llegando en muchas ocasiones, no ya a no dejar beneficio al Abogado que lo presta, sino que incluso llega a costarle el dinero de su bolsillo, y todo ello agravado por el aumento de la presión fiscal que ha llevado a que esas percepciones que además de ser míseras llegan tarde, sean objeto de una retención del 21% y un aumento considerable en el IVA  soportado. ¿Y cual ha sido o va a ser la respuesta de la Abogacía andaluza ante tan infame recorte? ¿Habrá una reacción similar a la de la judicatura? Pues hasta la presente y que yo sepa nada de nada, o mejor dicho, el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, nuestro compañero José Rebollo, en declaraciones efectuadas el 19 de Octubre a Europa Press, tras reconocer que la medida no ha gustado al colectivo y que las retribuciones siempre han sido insuficientes, vino a plantear la disyuntiva de si recurrir la Orden o no en base al contexto general de recortes en el que estamos inmersos. Algo totalmente I-N-A-U-D-I-T-O (¡¡¡igualito que los Jueces!!!). Hay una frase de Groucho Marx que define a la perfección el panorama; "partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria".


Pero nuestra desgracia no se queda solamente en ello. Por si lo anterior no fuese suficiente, la Consejería de Justicia por la vía de urgencia pone sobre la mesa un borrador de modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, en pleno proceso de modificación por parte del Ministerio de Justicia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que no sólo vendría a consolidar el recorte operado por la Orden de 17 de Septiembre de 2012, sino que la tijera ya no sólo afecta a los Abogados que prestan los servicios, sino que ahora el recorte se pretende sobre la partida asignada a los Colegios de Abogados para los gastos de funcionamiento, y ya no se trataría de un 10%, sino un 50%. Y aquí sí que nos duele a todos, no ya sólo a los que prestamos los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, sino también a los compañeros que no lo hacen, pues parte de sus cuotas habrían de contribuir al sostenimiento de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. Y ahora vuelvo a preguntar: ¿Y cual ha sido o va a ser la respuesta de la Abogacía andaluza ante tan infame recorte? ¿Habrá una reacción similar a la de la judicatura? Pues hasta la presente lo único que la parecer se ha efectuado es alegaciones a dicho borrador, alegaciones que, como ya ocurriera con la Orden, la Consejería de Justicia se pasará por … (ahí mismo) y cuando menos lo esperemos la modificación aparecerá publicada en el BOJA, mientras en el CADECA se siguen formulando disyuntivas absurdas y patéticas.

Por otro lado, nos encontramos el ya tan manido tema de los retrasos en los pagos de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. Al respecto ya se ha dicho de todo y no se hace nada de nada. Los componentes del CADECA se dejan engañar una y otra vez por el político de turno, aceptando las rebajas a cambio de unas falsas promesas de pago, quedando en el más absoluto de los ridículos, sin ello importarles lo más mínimo, cuando una y otra vez se vuelven a incumplir los compromisos adquiridos. Baste para ello releer el artículo periodístico antes mencionado, en el que el Sr. Rebollo, el presidente cadequero, venía a anunciar en plena feria de Jaén (a lo mejor lo dijo por efecto del rebujito): “que existe un compromiso formal por parte de la Consejería de Justicia de efectuar pagos a finales de octubre y noviembre relativos a la asistencia al detenido", así como a "abonar los gastos de infraestructura --la mitad de 2011 y parte de los que se han devengado en 2012-- este mismo mes". Pues bien, concluyó el mes de Octubre, y vamos por el 6 de Noviembre y hasta la presente, que se sepa, tan sólo se ha dado cumplimiento a un parte del compromiso formal y es la de haber abonado los gastos colegiales de infraestructuras. Y me vuelvo a preguntar: ¿Y cual ha sido o va a ser la respuesta de la Abogacía andaluza ante tal incumplimiento? Pues la respuesta será la de siempre: ajo y agua, y aquí ni tan siquiera le sacan los colores a nadie. Eso sí, la imposición de medallas y honores que no falten, y me remito a lo dicho al respecto en este mismo blog el pasado día 23 de Febrero (La Cruz de los Abogados de Oficio), pues la historia no deja de repetirse una y otra vez.

Mientras tanto los responsables de la defensa y representación del colectivo anda plenamente inmersos en un proceso de renovación de cargos en la mayoría de los Colegios andaluces, por lo que, si antes era difícil encontrar una respuesta, ahora no lo va a ser menos. Eso sí, promesas electorales, muchas; luego, tras la elecciones, si te vi no me acuerdo y si me acuerdo es que no te vi.
 
No quiero acabar este comentario sin rendir un pequeño, pero sincero y respetuoso homenaje a nuestra compañera Rosa Cobo Román, a la que no tuve el honor de conocer personalmente, pero cuyo asesinato me estremeció el corazón y el de todos los profesionales de la Abogacía, y nos hizo reflexionar sobre los riesgos que corremos en el libre ejercicio de nuestra profesión. Rosa pagó un precio demasiado alto por ejercer su actividad profesional y, si ya de por sí el mero hecho de poner fin a una vida es un acto totalmente reprobable, si ello es debido al libre y pacífico ejercicio de una profesión (en este caso la de Abogado) la reprobación ha de convertirse en la más contundente de las repulsas que ha de conllevar a que tales hechos sean objeto de la más dura de las condenas posibles. No quiero dejar de mandar desde este modesto espacio un mensaje de condolencias y consuelo a su familia, amigos y compañeros más cercanos. Ahora solo queda esperar que se haga Justicia, precisamente esa misma Justicia que Rosa y los que ejercemos esta profesión perseguimos con mayor o menor éxito.