martes, 20 de noviembre de 2012
miércoles, 14 de noviembre de 2012
PURA ESTADISTICA
Es sorprendente lo que a veces
pueden desvelar las estadísticas. Más allá de los fríos números, nos pueden dar
a conocer aspectos muy interesantes del mundo que nos rodea, sobretodo cuando
se interrelacionan unas cifras con otras que, aisladamente poco o nada nos
vienen a decir, si las sabemos conjugar nos pueden dar unos resultados bastante
asombrosos y muy clarificadores.
Voy a tratar de exponerlo de la
forma más clara posible. Hay datos que por sí solos carecen de mayor
relevancia, y me refiero por ejemplo a la población de cada una de las
Comunidades Autónomas que conforman España (puede ser un dato curioso, pero en
sí mismo carece de mayor trascendencia):
HABITANTES
|
|
ANDALUCIA
|
8.284.177
|
ARAGON
|
1.314.930
|
ASTURIAS
|
1.052.982
|
BALEARES
|
1.093.890
|
CANARIAS
|
2.113.194
|
CANTABRIA
|
578.902
|
CASTILLA
LEON
|
2.480.349
|
CASTILLA
LA MANCHA
|
2.050.570
|
CATALUÑA
|
7.320.363
|
C.
VALENCIANA
|
5.011.259
|
EXTREMADURA
|
1.083.101
|
GALICIA
|
2.729.599
|
MADRID
|
6.386.724
|
MURCIA
|
1.475.724
|
NAVARRA
|
624.446
|
P. VASCO
|
2.129.482
|
RIOJA
|
312.298
|
CEUTA
|
76.887
|
MELILLA
|
76.226
|
TOTAL ESPAÑA
|
46.195.103
|
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA A 31/12/2011
Se trata de unos datos que por sí
solos nos aportan muy poca información, por lo que si los conjugamos con otros
que se refieran a nuestra profesión, podremos alcanzar conclusiones
interesantes. Así, y para empezar, las cifras anteriores las podemos acompañar con las referentes a las que cada Comunidad Autónoma destina a sufragar los gastos
de Asistencia Jurídica Gratuita según el VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita
referido al año 2011. De dicha conjugación se extrae un primer dato
interesante, cual es el del gasto que cada Comunidad destina a la AJG por habitante:
Se marcan en rojo aquellas
Comunidades Autónomas que destinan un gasto a la AJG por habitante inferior a la media nacional.
Primer dato de interés: la
Comunidad que menos dinero aporta a la AJG es la de Castilla La Mancha; mientras que la que
más Cataluña, aunque muy por detrás de las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla que casi cuatriplican la media.
Podría pensarse que son las
Comunidades con una renta per cápita superior las que menos fondos habrían de
destinar al servicio de AJG y a la inversa. Vamos a ver si ello es así:
Pues visto lo visto, esa regla de
proporcionalidad únicamente se cumple en la Comunidad de Canarias (a
menos renta per cápita mayor gasto por habitante) y en Navarra y La Rioja (a mayor renta per
cápita menor gasto por habitante). Las demás van por libre y los casos de Ceuta
y Melilla que, por su singularidad, escapan a toda norma.
Podría pensarse que hay
Comunidades más litigiosas que otras y que, por tanto, tienen mayor número de
solicitantes de AJG que conllevaría un mayor sobreesfuerzo económico que en
otras con menos litigantes pobres. Pues también lo podemos ver:
Pues bien, parece que nos podríamos ir acercando al criterio correcto para la asignación presupuestaria, y así vemos
como en Comunidades como Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Madrid y País
Vasco la asignación económica por expediente de AJG están por encima de la
media española, siendo de destacar cómo en País Vasco y Canarias los costes por
expediente son significativamente superiores al resto de comunidades y
especialmente llamativa la diferencia de la media superior del País Vasco
(856’39 € por expediente de AJG), frente a la media resultante en la región de
Murcia (186’64 €). Es decir, que como promedio un expediente en el País Vasco
conlleva un gasto superior a 4’5 veces al de un expediente de Murcia. Bastante
ilustrativa esta comparativa ¿verdad?, o, ya que me coge más a mano, supone que
un expediente en Andalucía se paga 3’5 veces menos que en el País Vasco.
Podemos afinar aun mucho más las
comparativas, e introducir otra dato que pueda darnos mucho juego, como es el
del número de Abogados de Oficio existentes por Comunidades Autónomas, porque
podría darse el caso de que los Abogados andaluces cobrasen poco por
expediente, pero si tramitan muchos, al final ganasen más que los Abogados
vascos. Así que vamos a ver el resultado:
A la vista de todo lo anterior se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
1ª.-
Los Abogados que en su cómputo anual menos ganan
de los asuntos de AJG son los cántabros (3.490’76 €), frente a los navarros (8.633’09
€) o los canarios (9.208’21 €); y exceptuando Ceuta y Melilla por sus propias peculiaridades. 2ª.- Las Comunidades que peor retribuyen los expedientes son Melilla y Murcia (180’18 y 186’64 respectivamente) frente a País Vasco y Canarias (856’39 y 620’46 respectivamente)
3ª.- Los Abogados que más carga de trabajo tienen son los de Baleares y Valencia, con 42 y 36 expedientes anuales (por detrás de Ceuta y Melilla), mientras que los que menos expedientes tramitan son los de País Vasco con tan solo 6 y los de Aragón con 10. La media en toda España está en 22.
Curioso y cuanto menos indignante
que existan diferencias tan acentuadas de una punta a otra de España. Si además
me ciño a los datos de Andalucía, las estadísticas arrojan unos resultados
realmente preocupantes, ya que siendo la penúltima Comunidad en renta per cápita,
lo que la lleva a ser la segunda en mayor número de expedientes de AJG,
precisamente por la menor capacidad económica de su población para afrontar los
gastos de Abogado y Procurador, y teniendo el mayor número de Abogados de
Oficio de España, su gasto en AJG viene a ocupar el tercer lugar tras Cataluña
y Madrid y quedando muy por debajo de la media del coste por expediente. Así
vemos que un Abogado de oficio andaluz tramita una media de 22 expedientes de
AJG al año, que coincide con la media
nacional, percibiendo por ello casi 1.200 € menos de los ingresos medios de
cualquier Letrado de España.
Para concluir, y por si esto es leído
por alguien que esté interesado en iniciarse en esta aventura que es la Abogacía, y más la de
Turno de Oficio, que tenga claro que lo mejor es instalarse en el Pais Vasco,
ya que allí te turnarán pocos asuntos, lo que te permitirá dedicarte mejor a
tus clientes particulares, y se te retribuirán mucho mejor que en el resto de
España. Si a ello le unimos que su población es la que mejor renta per cápita
dispone de toda España, tienes garantizado que tus clientes particulares te
pagarán con menos problemas que en el resto del país.Si te vas a Ceuta o Melilla, ganarás más que en ningún otro sitio de España, pero sólo trabajarás para la AJG, ya que el montante de asuntos que se te encomendarán será tal que te impedirá trabajar a clientes particulares. Ahora bien, si lo que vas a pretender es vivir únicamente de los clientes particulares, con la reciente aprobación de la Ley de Tasas más te valdrá salir de España a otro país en el que no se impongan tantas trabas para el ejercicio de la Abogacía.
martes, 6 de noviembre de 2012
Partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria
Habida cuenta de que ya hacía
bastante tiempo que no daba el tostón por estos lares y como terapia para
acallar la olla de grillos que resuena en mi cabeza a raíz de los últimos
acontecimientos que se suceden en el entorno profesional, tanto a nivel
nacional, como regional, como local. Procedo pues.
Se viven
tiempos convulsivos en el mundo de la Justicia, con un Ministro que se empecina en
torpedear el ejercicio de la profesión de Abogado, y ello con la siempre
recurrida excusa de evitar el colapso de los Juzgados españoles. Primeramente
intentó meter en cintura a la judicatura y fiscales, pero en ese caso pinchó el
Ministro en hueso e inmediatamente hubo de recular en su proyecto de
modificación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial si no quería que el colapso reinante se convirtiera en el
gran caos con que amenazaban las principales asociaciones de jueces de todos
los signos y colores. Aun así nos encontramos inmersos en una “huelga de celo”
que comenzó la semana pasada y cuya incidencia está todavía por ver.
Por nuestra parte, la Abogacía no podía quedar
al margen de la oleada de recortes selectivos y a discreción que inunda España,
de norte a sur, de este a oeste, de arriba abajo (digo lo de recortes
selectivos y a discreción pues los mismos no se aplican de igual forma a todos
los sectores y ámbitos de la sociedad española). Así, y ciñéndome a Andalucía y
en lo que nuestra profesión se refiere, la tijera entró, como ya se hiciera en
otras Comunidades Autónomas, recortando un 10% de las retribuciones de Abogados
y Procuradores que prestan la Asistencia
Jurídica Gratuita mediante Orden de 17 de Septiembre de 2012.
Si ya de por sí las percepciones eran exiguas, la rebaja no hace más que
ahondar aun más si cabe la situación de precariedad y miseria en que se está
prestando la Asistencia Jurídica
Gratuita, llegando en muchas ocasiones, no ya a no dejar beneficio al Abogado
que lo presta, sino que incluso llega a costarle el dinero de su bolsillo, y
todo ello agravado por el aumento de la presión fiscal que ha llevado a que
esas percepciones que además de ser míseras llegan tarde, sean objeto de una
retención del 21% y un aumento considerable en el IVA soportado. ¿Y cual ha sido o va a ser la
respuesta de la Abogacía
andaluza ante tan infame recorte? ¿Habrá una reacción similar a la de la
judicatura? Pues hasta la presente y que yo sepa nada de nada, o mejor dicho,
el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, nuestro compañero
José Rebollo, en declaraciones efectuadas el 19 de Octubre a Europa Press, tras
reconocer que la medida no ha gustado al colectivo y que las retribuciones
siempre han sido insuficientes, vino a plantear la disyuntiva de si recurrir la Orden o no en base al
contexto general de recortes en el que estamos inmersos. Algo totalmente
I-N-A-U-D-I-T-O (¡¡¡igualito que los Jueces!!!). Hay una frase de Groucho Marx
que define a la perfección el panorama; "partiendo
de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria".
Pero nuestra desgracia no se
queda solamente en ello. Por si lo anterior no fuese suficiente, la Consejería de Justicia
por la vía de urgencia pone sobre la mesa un borrador de modificación del
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, en pleno proceso de modificación
por parte del Ministerio de Justicia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que no sólo
vendría a consolidar el recorte operado por la Orden de 17 de Septiembre de 2012, sino que la
tijera ya no sólo afecta a los Abogados que prestan los servicios, sino que
ahora el recorte se pretende sobre la partida asignada a los Colegios de
Abogados para los gastos de funcionamiento, y ya no se trataría de un 10%, sino
un 50%. Y aquí sí que nos duele a todos, no ya sólo a los que prestamos los
servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, sino también a los compañeros que no
lo hacen, pues parte de sus cuotas habrían de contribuir al sostenimiento de
los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. Y ahora vuelvo a preguntar: ¿Y
cual ha sido o va a ser la respuesta de la Abogacía andaluza ante tan infame recorte? ¿Habrá
una reacción similar a la de la judicatura? Pues hasta la presente lo único que
la parecer se ha efectuado es alegaciones a dicho borrador, alegaciones que,
como ya ocurriera con la Orden,
la Consejería
de Justicia se pasará por … (ahí mismo) y cuando menos lo esperemos la
modificación aparecerá publicada en el BOJA, mientras en el CADECA se siguen
formulando disyuntivas absurdas y patéticas.
Por otro lado, nos encontramos el
ya tan manido tema de los retrasos en los pagos de los servicios de Asistencia
Jurídica Gratuita. Al respecto ya se ha dicho de todo y no se hace nada de
nada. Los componentes del CADECA se dejan engañar una y otra vez por el político
de turno, aceptando las rebajas a cambio de unas falsas promesas de pago,
quedando en el más absoluto de los ridículos, sin ello importarles lo más mínimo,
cuando una y otra vez se vuelven a incumplir los compromisos adquiridos. Baste
para ello releer el artículo periodístico antes mencionado, en el que el Sr. Rebollo,
el presidente cadequero, venía a anunciar en plena feria de Jaén (a lo mejor lo
dijo por efecto del rebujito): “que existe un compromiso formal por parte de la Consejería de Justicia
de efectuar pagos a finales de octubre y
noviembre relativos a la asistencia
al detenido", así como a "abonar los gastos de
infraestructura --la mitad de 2011 y parte de los que se han devengado en
2012-- este mismo mes". Pues bien, concluyó el mes de Octubre, y vamos por
el 6 de Noviembre y hasta la presente, que se sepa, tan sólo se ha dado
cumplimiento a un parte del compromiso formal y es la de haber abonado los
gastos colegiales de infraestructuras. Y me vuelvo a preguntar: ¿Y cual ha sido
o va a ser la respuesta de la
Abogacía andaluza ante tal incumplimiento? Pues la respuesta
será la de siempre: ajo y agua, y aquí ni tan siquiera le sacan los colores a
nadie. Eso sí, la imposición de medallas y honores que no falten, y me remito a
lo dicho al respecto en este mismo blog el pasado día 23 de Febrero (La Cruz de los Abogados de Oficio), pues la
historia no deja de repetirse una y otra vez.
Mientras tanto los responsables
de la defensa y representación del colectivo anda plenamente inmersos en un
proceso de renovación de cargos en la mayoría de los Colegios andaluces, por lo
que, si antes era difícil encontrar una respuesta, ahora no lo va a ser menos. Eso
sí, promesas electorales, muchas; luego, tras la elecciones, si te vi no me
acuerdo y si me acuerdo es que no te vi.
No quiero acabar este comentario
sin rendir un pequeño, pero sincero y respetuoso homenaje a nuestra compañera
Rosa Cobo Román, a la que no tuve el honor de conocer personalmente, pero cuyo
asesinato me estremeció el corazón y el de todos los profesionales de la Abogacía, y nos hizo
reflexionar sobre los riesgos que corremos en el libre ejercicio de nuestra
profesión. Rosa pagó un precio demasiado alto por ejercer su actividad
profesional y, si ya de por sí el mero hecho de poner fin a una vida es un acto totalmente
reprobable, si ello es debido al libre y pacífico ejercicio de una profesión
(en este caso la de Abogado) la reprobación ha de convertirse en la más contundente de
las repulsas que ha de conllevar a que tales hechos sean objeto de la más dura
de las condenas posibles. No quiero dejar de mandar desde este modesto espacio
un mensaje de condolencias y consuelo a su familia, amigos y compañeros más
cercanos. Ahora solo queda esperar que se haga Justicia, precisamente esa misma
Justicia que Rosa y los que ejercemos esta profesión perseguimos con mayor o
menor éxito.
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